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Latin American Anti-racism in a 'Post-Racial' Age - LAPORA

 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO-JUÁREZ

EL CASO DE LA DISCULPA PÚBLICA POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO A LA SEÑORA HÑÄHÑU JACINTA FRANCISCO MARCIAL: LOS ALCANCES Y RETOS DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL COMBATE DEL RACISMO.

En marzo del 2006, seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) despojaron a varios comerciantes indígenas otomíes (hñähñus) de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, de sus pertenencias bajo el pretexto de llevar a cabo un cateo. Los seis AFIs se retiraron del lugar asegurando que pagarían los daños ocasionados. Meses después, las señoras Jacinta Francisco Marcial , Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio son llevadas con engaños a Querétaro y encarceladas, acusadas del secuestro de los seis AFIs. Estas fueron condenadas a más de veinte años de prisión por el delito de secuestro. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez tomó su caso e hizo uso de sus redes internacionales para que, en el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, fuera expuesta como presa de conciencia por el Estado mexicano. Después de poco más de tres años, las señoras Alberta, Teresa y Jacinta fueron liberadas, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a reconocer que cometió una justicia violando los derechos humanos de estas tres mujeres. Por ello, durante el año 2010 y 2011, la señora Jacinta Francisco Marcial decidió exigir la reparación del daño y, acompañada del Centro de Derechos Humanos, demandó al Estado mexicano. Una vez que la PGR se negó a reparar el daño, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la PGR había actuado de forma irregular y que, por ello, el Estado debía de reparar el daño a la señora Jacinta y ofrecer una disculpa pública. En este acto, por primera vez y mediante un funcionario público, el Estado reconocer que cometió un acto de “discriminación racial” en contra de estas tres mujeres. Por lo anterior, el proyecto Lapora busca indagar con este caso, el alcance y los retos de los derechos humanos en el combate al racismo en México y los efectos que tiene el nombrar a estas prácticas de opresión como racismo y no solamente, mediante el concepto de discriminación.