John Jak Becerra es un hombre afrocolombiano, nacido en Bogotá, que en octubre de 2009 comenzó a trabajar como asistente de almacén en A.R. Los Restrepos, una empresa de ingeniería con sede en Medellín. Durante cuatro años, experimentó lo que percibió como declaraciones y actos abiertamente racistas de parte de sus compañeros de trabajo. Primero confrontó a los perpetradores directamente, pero a medida que la discriminación racial continuaba, entre 2011 y 2013, Becerra presentó una serie de quejas escritas a la oficina de recursos humanos de la empresa y a los gerentes, quienes dijeron que sus reclamaciones eran infundadas y le aconsejaron que las dejara. En marzo de 2013, presentó una denuncia de discriminación racial ante la Oficina del Fiscal, citando la Ley 1482 de Colombia, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, discapacidad y "otras causas de discriminación”. Muy poco después, fue despedido por la empresa, momento en el cual presentó un reclamo por despido injusto y discriminación racial a la sección de Trabajo de la Fiscalía y al Ministerio de Trabajo.
La queja de Becerra se rebotó entre la Fiscalía, la Fiscalía General de Asuntos Laborales, el Ministerio de Trabajo y varios tribunales, pero su caso no se resolvió. Apoyado por la ONG legal Dejusticia, en julio de 2016 llevó el caso al Tribunal Constitucional, utilizando el mecanismo de tutela, que permite a las personas que creen que sus derechos han sido violados presentar una queja directamente ante este tribunal. El tribunal falló a su favor en julio de 2018.
Este caso demuestra las dificultades de llevar a cabo una acción legal contra la discriminación racial, incluso cuando existen leyes relevantes: Becerra tuvo que luchar durante muchos años y llevar su caso a la autoridad judicial más alta del país antes de que se reconociera formalmente que había sido víctima. del racismo.
