Durante agosto de 2015, varias manifestaciones contra el gobierno fueron reprimidas violentamente, con el arresto de varios líderes de movimientos sociales. La "huelga nacional y el levantamiento" había sido convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuadoar, CONAIE y organizaciones sindicales, en oposición a las enmiendas constitucionales que la Asamblea Nacional estaba aprobando (especialmente en la reelección indefinida) y en rechazo de las grandes Minería a gran escala, explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, leyes de tierras y aguas, y en defensa de la educación intercultural bilingüe y la justicia indígena (Colectivo de Investigación Acción Psicosocial 2016). En las semanas que duraron las manifestaciones, el conflicto se intensificó, lo que dio lugar a 142 personas detenidas por las fuerzas de seguridad y 229 casos de asaltos, detenciones, intentos de arresto e incursiones en todos los territorios donde se realizaron las protestas (CONAIE et al., 2016: 7).
En Saraguro, provincia de Loja, en las tierras altas del sur de Ecuador, las organizaciones indígenas apoyaron la huelga e incluyeron demandas de educación intercultural bilingüe; su satisfacción con la prohibición de comercialización de productos lácteos, especialmente el quesillo; y la oposición a la concesión minera del cerro Fierro Urco. Como ha sido una práctica común de movilización indígena en el país, los manifestantes se dirigieron a la Carretera Panamericana, bloqueando y permitiendo el tráfico solo en ciertos momentos. El gobierno ordenó una operación para despejar el camino y sofocar las bases indígenas del levantamiento.
El 17 de agosto de 2015, un contingente de alrededor de mil policías y militares llegó a las afueras de la ciudad de Saraguro. Las fuerzas armadas atacaron indiscriminadamente a los manifestantes y otras personas indígenas que solo eran espectadores. Utilizaron la fuerza para recurrir al gas lacrimógeno, el spray de pimienta y la violencia física y verbal.
En total, la policía detuvo a 31 personas. La policía dejó ir a dos menores, y las 29 personas restantes fueron trasladadas a la cárcel, donde permanecieron allí durante dieciséis días. La batalla del 29 de Saraguro ha sido contra un proceso de criminalización y judicialización que duró tres años. Después de la incertidumbre durante su detención, los 29 fueron acusados del delito de paralizar un servicio público (artículo 346 del Código Penal). Cinco personas fueron condenadas a la cárcel y recibieron una pena de 4 años de prisión, debido a las agravantes circunstancias relacionadas con el estado de emergencia, aunque el Código Penal solo establece una pena de 1 a 3 años de prisión. Los abogados de los 5 condenados a prisión presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Nacional de Justicia de Quito, donde se encontraba desde diciembre de 2016.
El sistema judicial actuó arbitrariamente, se violaron las garantías procesales y las sentencias se llevaron a cabo sin los elementos probatorios necesarios para justificarlos. En este caso, el sistema de justicia no fue imparcial, y las presiones del poder ejecutivo hacia el poder judicial para castigar y, como lo manifestó un representante del Ministerio del Interior a la salida de una audiencia, "sentaron un precedente para que el Las carreteras no están bloqueadas ". Además, la sentencia no solo fue desproporcionada, sino que el acusado la encontró humillante, incluido el "curso de capacitación para no ser una amenaza para la seguridad interna del país". Los jueces basaron su sentencia en una noción de "peligro abstracto", es decir, de acciones que dañan a la sociedad y, según su argumento, los acusados fueron coautores de un plan. Ante esto, un miembro del equipo de abogados comentó: "Ahí es donde veo que entra el racismo, porque asimilan que todos los indígenas son parte de ese complot", sin ninguna evidencia de qué fue, cómo y dónde se supone. El plan fue trazado.
En mayo de 2017, la CONAIE propuso al nuevo presidente electo un proceso de amnistía y perdón de 98 personas con procesos judiciales de protesta social y 13 que ya habían sido condenadas. La perspectiva del 29 de Saraguro difiere de la propuesta de amnistía que promovió la CONAIE, porque consideran que pedir una amnistía implica aceptar su culpabilidad: "No se puede pedir amnistía por algo que no ha hecho". Finalmente, el 7 de agosto de 2018, después de tres años, las cinco personas condenadas a prisión a partir del 29 de Saraguro fueron declaradas inocentes, luego de una audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia. Ningún funcionario del estado ni del operador del sistema de justicia ha sido responsabilizado por el encarcelamiento injusto.
