En Ecuador, el concepto de etnicidad y más tarde el de raza se incorporaron como parte del giro multicultural inaugurado en el país a partir del levantamiento indígena de 1990 y las Constituciones de 1998 y 2008. Estas constituciones incorporaron derechos colectivos, de reconocimiento, autonomía, educación y salud intercultural. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano reconoció importantes convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración y el Plan de Acción de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de discriminación, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El reconocimiento retórico del multiculturalismo en las constituciones vino acompañado de la creación de instituciones estatales dirigidas a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. Se crearon así los consejos de desarrollo para pueblos como el CODENPE, CODAE y CODEPMOC. Ya a finales de los años ochenta empezó a funcionar la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y años más tarde la Dirección de Salud Intercultural. Adicionalmente, el proyecto PRODEPINE dirigido a pueblos indígenas y afroecuatorianos financió pequeños proyectos basados en la idea del desarrollo con identidad.
El protagonismo político del movimiento indígena sobre todo en la década de los años noventa y primer lustro de los 2000 colocó en el debate nacional y académico el tema del reconocimiento a la identidad étnica y los derechos colectivos. Mientras tanto, los temas vinculados a la raza y racismo no figuraron de manera directa o explícita en la agenda del movimiento. Sin embargo, a partir de la Conferencia de Durban de 2001 los temas de raza y racismo fueron retomados en las agendas del estado, e impulsados también desde las organizaciones afroecuatorianas. La preocupación sobre la desigualdad racial y étnica se plasmó en un primer momento en la encuesta sobre discriminación racial en Ecuador realizada por INEC en 2004. Adicionalmente, el estado ecuatoriano empezó a generar estadísticas sobre desigualdad social que afecta a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Los últimos dos censos (2001 y 2010) incluyeron una pregunta sobre auto-identificación étnica y racial. Entre estos dos censos, el movimiento afroecuatoriano logró no solo visibilizar su población y casi duplicar su porcentaje en el último censo gracias a la manera formulación de la pregunta y una campaña de auto-identificación. Los porcentajes para la población indígena se han mantenido consistentemente bajos en los últimos censos.
La Constitución de 2008 se refiere de manera específica al racismo, a las acciones afirmativas, y las reparaciones restaurativas. A partir de la nueva constitución, los consejos de desarrollo para pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios han sido desmantelados de manera progresiva y todavía no se consolida la transición hacia los Consejos de Igualdad. Se observa un constante cambio institucional con relación a las instituciones estatales encargadas de la política hacia pueblos indígenas y afroecuatorianos. En este período plurinacional surgieron iniciativas estatales referentes a la discriminación racial con un Plan para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y políticas de acción afirmativa en la contratación de personal en instituciones del estado y en el acceso a la educación superior.
En el período plurinacional, la implementación de políticas contra la discriminación étnica y racial y las iniciativas de acción afirmativa han sido implementadas de manera poco consistente. El Plan para la Eliminación Racial y la Exclusión Étnica, por ejemplo, sólo alcanzó sus objetivos de manera parcial. El mandato de contratación de afroecuatorianos, indígenas y montubios en proporción al porcentaje de su población a nivel nacional en instituciones públicas se ha limitado a la contratación de terceros secretarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La acción afirmativa en instituciones de educación superior se ha concretado mediante sistemas de cuotas y becas para educación de posgrado. Mientras tanto, el estado mantiene relaciones diversas con las organizaciones de los movimientos indígena, afroecuatoriano y montubio. La CONAIE se encuentra en una posición antagónica frente al Estado ecuatoriano, confrontando procesos de criminalización de la protesta social y los efectos de la minería a gran escala en territorios y poblaciones indígenas. El movimiento afroecuatoriano y el montubio, en contraste, mayormente se encuentran alineados con las posturas de Alianza País.
El contexto aquí presentado solamente pretende dar una visión muy general y una noción de los cambios en el manejo de la diferencia racial y étnica en el Estado. Observo que de un proceso de institucionalización luego del giro multicultural, se ha transitado hacia un período de reacomodo (transversalización) e inclusive des-institucionalización (entendida como ausencia de entes estatales específicos para pueblos y nacionalidades) de los temas raciales y étnicos.
